Comunicado de prensa

COMUNICADO DE PRENSA

En seguimiento a los procesos penales por los disturbios violentos del pasado 11 de julio en Cuba, la Fiscal Jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, Lisnay María Mederos Torres, y Dixán Fuentes Guzmán, Fiscal Jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General de la República, trasladaron a la opinión pública nacional las siguientes informaciones:

  • Se prosigue con la investigación de los procesos penales donde se constató la participación en hechos constitutivos de delitos, incluyendo aquellos de mayor connotación en los que tuvieron lugar actos de violencia contra personas, autoridades y bienes públicos y privados.
  • En ellos se han dispuesto medidas cautelares de fianzas, reclusión domiciliaria, y en los casos más graves, la prisión provisional. En un grupo de casos se concluyeron las investigaciones, y la Fiscalía evalúa las decisiones procesales a adoptar, en concordancia con la ley procesal penal, y el resto está próximo a su terminación.
  • Los procesos presentados a los tribunales han sido fundamentalmente por delitos contra el orden y la tranquilidad ciudadana, en los que predominan los desórdenes públicos. En este tipo de procesos la sanción privativa de libertad se extiende hasta un año o multas de hasta 300 cuotas, pudiendo ser cada una de ellas de hasta 50 pesos, lo que significa que pueden llegar hasta los 15 000 pesos.
  • Se reitera el papel central de la Fiscalía en velar por la legalidad de las actuaciones, el cumplimiento de los términos en la toma de decisiones, la determinación en la investigación de la responsabilidad individual y las circunstancias concurrentes, a partir de los resultados de las diligencias de instrucción que se realizan.
  • En el caso de menores de edad en conflicto con la ley, es importante reiterar que, conforme al artículo 16 del Código Penal, la responsabilidad penal es exigible a la persona natural a partir de los 16 años cumplidos, en el momento de cometer el delito.
  • Existe además una regla de adecuación para los casos de imputados que tengan más de 16 y menos de 18 años de edad, a los cuales pueden reducirse los límites mínimos y máximos hasta la mitad de las sanciones a imponer, y con respecto a los que se encuentran en el rango entre 18 y 20 años esa disminución posible es de hasta un tercio.
  • Respecto a las personas entre 16 y 18 años de edad y que participaron en estos hechos delictivos, la Fiscalía tiene designados para su protección a fiscales diferentes a los que realizan el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública.
  • En ese sentido fueron evaluadas las medidas cautelares a imponer, a algunos al inicio se les aseguró con prisión provisional que fue variada al avanzar las investigaciones. Se mantienen en esa condición aquellos que ejecutaron hechos de extrema gravedad. No obstante, se evalúan de manera sistemática las medidas cautelares impuestas y el control de los procesos penales, para garantizar la decisión procesal adecuada.
  • Los fiscales, entre otras acciones, entrevistan a los padres o representantes legales, advirtiéndoles del cumplimiento de sus obligaciones, así como profundizan en situaciones condicionantes de índole social, económica o de otro orden que les afecten, e inciden con los organismos competentes para su solución, en particular el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública.
  • En el caso de menores de 16 años de edad, en el caso de incurrir en hechos que entran en conflicto con la ley penal, el tratamiento a brindar es el establecido en el Decreto Ley No. 64/82, relativo al Sistema para la Atención a Menores con Trastornos de Conducta.
  • Conforme lo previsto, en dichos casos la Fiscalía ejerce el control sobre el procesamiento a niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta o que cometieron hechos constitutivos de delitos. Se evalúan los casos por el Consejo de Atención a Menores del Ministerio del Interior, y se verifica el cumplimiento de lo establecido por los jefes de sectores y oficiales de Prevención de Menores de la Policía, con participación de trabajadoras sociales de la Federación de Mujeres Cubanas (ONG con estatus consultivo ante el ECOSOC), funcionarios de Salud Pública y Educación, entre otros actores comunitarios.
  • Actualmente los menores de 16 años de edad identificados en esa situación, están siendo evaluados por equipos multidisciplinarios de expertos de los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores, los que recomendarán las medidas a adoptar, teniendo en cuenta el interés superior del menor y las obligaciones legales nacionales e internacionales.
  • Respecto a la atención a las insatisfacciones, se informó que hasta la fecha 308 personas han sido atendidas en las oficinas de atención a la población de  la Fiscalía por causa de los disturbios del 11 de julio.
  • Dichas personas presentaron 99 quejas y peticiones. Entre las principales insatisfacciones planteadas por los interesados o sus familias a raíz del proceso penal desarrollado, se encuentran:
  • inconformidad con la medida cautelar de prisión provisional o inconformidad con los delitos por los cuales son imputados;
  • en los casos juzgados, inconformidad con las sanciones solicitadas e impuestas,
  • interés en aportar medios de prueba sobre conducta, vínculos estudiantiles, laborales así como sobre no vinculación con hechos violentos y vandálicos.
  • De las quejas presentadas ante la Fiscalía se han concluido 33 investigaciones, ofreciéndose respuesta a las personas. Las restantes se mantienen en investigación. En todos los casos, a partir de los resultados de las investigaciones y los elementos manifestados por las personas, se ha dado solución a los aspectos legales. Entre las decisiones adoptadas están la puesta en libertad de personas sin cargos, la modificación de medidas cautelares, la inclusión de sus argumentaciones para valorarlos en el proceso penal concreto, la  orientación jurídica en cada etapa del proceso, la terminación de los procesos y la realización de los juicios y recursos correspondientes.

Por su parte, Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular y Director de supervisión y atención a la población, informó que:

  • En los tribunales municipales populares, hasta la fecha, se han radicado 23 causas vinculadas a los referidos hechos delictivos.
  • En esos juicios se han juzgado 67 acusados.  La Ley de Procedimiento Penal prevé las garantías a cumplir por los tribunales en el desarrollo de los actos judiciales.
  • Se reitera que al tratarse de procesos tramitados por los tribunales municipales, cuyo marco sancionador es hasta un año de privación de libertad, la decisión de comparecer al acto del juicio oral con abogado corresponde al propio acusado, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 368 de la Ley de Procedimiento Penal que establece que el tribunal admitirá la participación del defensor si concurre a dicho acto asistido de él. Para dicha designación, se ofrecieron todas las posibilidades; de hecho 23 de ellos se hicieron representar por abogados.
  • De los juzgados, uno resultó absuelto y 45 establecieron recurso de apelación, alegando como las causales más reiteradas la inconformidad con la sanción impuesta, y su consideración de que su conducta no era constitutiva de delito. De ellos, 42 han designado abogados para que los represente en este acto.
  • Se han resuelto los recursos de apelación interpuestos por 32 de los sancionados, y en 11 casos se han declarado con lugar, por lo que resultó modificada la sanción originalmente impuesta. Los tribunales tuvieron en cuenta, entre otros aspectos, el grado de participación demostrado, los antecedentes y características personales, y la juventud de algunos de ellos. En estos casos se han impuesto, mayoritariamente, sanciones subsidiarias de la privativa de libertad, combinadas con multas.
  • A 27 individuos que cumplían sanciones subsidiarias de la privativa de libertad (libertad controlada), o que se encontraban en libertad condicional al momento de su participación en los disturbios, las mismas le resultaron revocadas al comprobarse el incumplimiento de las obligaciones que tenían impuestas por ley.
  • Se han presentado igualmente 61 habeas corpus, y 59 de ellos se encuentran resueltos, todos sin lugar, al comprobarse la inexistencia de privaciones de libertad con vulneración de lo establecido en la ley.
  • En Cuba no ha sido sancionado penalmente por los tribunales ninguna persona menor de 16 años de edad.

Misión Permanente de Cuba

 

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