La severidad, de manos con lo justo

La situación de la capital del país es la más compleja, por tanto, cualquier violación pone en riesgo la salud de todos y la severidad contiene un componente disuasivo de prevención.

  

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El uso responsable de las máscaras de protección continua siendo una medida de obligatorio cumplimiento para contener la propagación del nuevo coronavirus. Photo: Dunia Álvarez Palacios.

La situación de la capital es la más compleja, ya que cualquier violación pone en riesgo la salud de todos y lleva a fracasar el esfuerzo descomunal de un pueblo, y porque la severidad envuelve un componente disuasivo de prevención, los tribunales populares de la Habana fueron rigurosos al procesar los delitos de propagación de epidemias y actividades económicas ilegales.

«De abril a la fecha» – dijo en una entrevista colectiva, Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Popular Provincial dela Habana – «estas instancias judiciales impusieron penas de encarcelamiento a un 60% de los casos sancionados por actividades económicas ilegales, especulación, acumulación, recepción y apropiación indebida, y al 70% de los procesados por los delitos de propagación de epidemias, desacato, desobediencia, resistencia, así como traslado y pose de armas. El resto, dijo, recibió multas y sanciones subsidiarias en libertad».

Con respecto a los procesos judiciales relacionados con el incumplimiento de las medidas de salud y otros delitos asociados, Sierra Infante comentó que las principales conductas juzgadas corresponden al no uso de las máscaras de protección en la vía pública, después de varias amonestaciones anteriores, falta de respeto y resistencia a las autoridades policiales, así como la organización y desarrollo de fiestas en ríos, piscinas y casas particulares.

Con referencia al enfrentamiento a los especuladores, acumuladores, revendedores, traficantes ilegales de monedas y participantes de otras actividades ilegales e antisociales, refirió que los comportamientos más frecuentes estuvieron vinculados a la venta de turnos en las colas, la venta de productos de primera necesidad a precios superiores a los de la red del comercio estatal, así como la ocupación de grandes volúmenes de mercancías de procedencia desconocida.

«En estos casos», destacó, «también se impusieron sanciones accesorias de confiscación de los bienes ocupados y el retorno a los territorios de procedencia de aquellos que viven de manera ilegal y que cometen delitos en la Habana».

«Durante este período», aseguró Sierra Infante, «los cuatro tribunales municipales regionales de la capital velaron por el estricto cumplimiento del debido proceso, derecho consagrado en el texto constitucional, así como por los principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad, que es garantía para una respuesta legal justa y, al mismo tiempo, severa y contextualizada».

 

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