La historia constitucional que vuelve.

El constitucionalismo cubano tiene en febrero algunas coincidencias que, ajustadas a sus contextos, configuran una suerte de hilo conductor, siempre ascendente.

Cuando la Revolución triunfante apenas daba sus primeros pasos, el Gobierno decretó, el 7 de febrero de 1959, la Ley Fundamental que habría de guiar los destinos del país. Seis décadas después, y ya sobre las bases sólidas de aquel proyecto de nación, Cuba se apresta a ratificar, en el Referendo del próximo 24 de febrero, una nueva Carta Magna que concilia las voces diversas de un pueblo.

Aquella Ley de 1959 mantuvo entre sus postulados esenciales, según coinciden los especialistas, parte del contenido de la Constitución de 1940, la misma que, pese a su carácter avanzado, poco trascendió en su implementación.

Pero dicha norma no fue, en modo alguno, una copia mecánica, sino atemperada al escenario de las profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que suscitaba la Revolución. Se trataba de encauzar el ordenamiento jurídico del país hacia los principales cambios que habrían de emprenderse.

Durante sus años de vigencia, muchas fueron las reformas introducidas, teniendo en cuenta que se gestaba un proceso vivo, cambiante… revolucionario, un proceso que también exigía una Ley de Leyes propia, que sintetizara nuestro devenir histórico y proyectara el porvenir de la Cuba socialista que se estaba construyendo. Y de ahí nació la Constitución del 24 de febrero de 1976, que consagró como ley primera de nuestra República el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.

A juicio de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ambos textos (la Ley Fundamental y la Constitución de 1976), contemplados en la etapa revolucionaria socialista que llega hasta nuestros días, fueron en su momento «la expresión del proceso revolucionario y su constante búsqueda de los mayores niveles de justicia social para todo el pueblo, enmarcado en una firme y decidida defensa de la independencia y soberanía de la patria».

La Ley Suprema, que ha de ratificarse por el pueblo, el venidero 24 de febrero, no es menos; es parte de esa línea continua, es la voluntad de ajustar leyes y realidades, de actualizarnos, de andar a favor de los nuevos tiempos de la Revolución.

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